Desde hace ya más de diez años, existe una creciente preocupación en las empresas por evitar o, al menos, minimizar los riesgos derivados de una gestión deficiente de sus recursos, del quebrantamiento de las normas y procedimientos aplicables o de una incorrecta información en sus estados financieros públicos, que pueda dar lugar a la exigencia de responsabilidades por eventuales perjudicados. El conjunto de medidas adoptadas en este sentido constituye el núcleo de lo que se denomina control interno; función ésta que compete en primer término al Consejo de Administración, como órgano responsable al máximo nivel de la gestión de la empresa, y, derivativamente, a la Dirección y al resto de empleados, en un proceso que puede concebirse en sentido descendente, desde los más altos escalones de la organización a los más bajos.
La concienciación de las empresas sobre esta materia se ha venido produciendo a un ritmo creciente; en particular, en las pertenecientes al sector financiero.
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